Más sobre la prescripción. Añadimos conclusiones.

La prescripción del delito es una figura que contempla la extinción de la responsabilidad criminal por el paso del tiempo. Dependiendo del delito así se establece el tiempo que debe pasar.

Se regula en el artículo 131 y siguientes del Código Penal.

Los delitos prescriben (art. 131 CP):

  1. Para pena máxima señalada de prisión de 15 o más años:
    • A los 20 años.
  2. Para pena máxima señalada de prisión de más de 10 y menos de 15 años:
    • A los 15 años.
  3. Para pena máxima señalada de inhabilitación de 10 o más años:
    • A los 15 años.
  4. Para pena máxima señalada de prisión o inhabilitación de más de 5 y menos de 10 años:
    • A los 10 años.
  5. Demás delitos:
    • A los 5 años.
  6. Cuando la pena señalada fuere compuesta:
    • Se estará a la que exija mayor tiempo para la prescripción.
  7. En los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas:
    • Se estará al que corresponda al delito más grave.

Observando esto deducimos que para la prescripción de nuestro caso concreto el tiempo que debería pasar son 20 años. Porque el delito que se persigue en la causa es tráfico de sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud de notoria importancia y organización. Y aunque a nosotros solo nos acusasen por ejemplo de blanqueo para que prescriba debe pasar los 20 años porque el blanqueo o la tenencia de armas u otros delitos menores están enjuiciándose junto al tráfico y por tanto prevalece la prescripción del tráfico frente a los otros delitos menores.

Ahora bien desde cuando se cuenta?? Pues bien la ley establece que desde que se cometieron los hechos.

El problema es que la figura de la prescripción se interrumpe.

Y eso que quiere decir ? Pues lo que quiere decir es que si el Estado entabla una acción contra el presunto culpable ese plazo se para y se empieza a contar de nuevo. Entonces para que se haya prescrito nuestro delito, tienen que pasar 20 años sin que el Estado (Audiencia Nacional) haga nada.

No todas las acciones que realiza el Estado o en este caso la Audiencia Nacional interrumpen la prescripción pero sí muchas.

Con la detención se interrumpe la prescripción, con el ingreso en prisión se interrumpe la prescripción porque está dirigiendo acciones contra el culpable.

Cuando se dicta el auto de procesamiento interrumpe la prescripción.

Cuando se dicta el auto de admisión de pruebas se interrumpe la prescripción.

Cuando cita para el día del señalamiento del juicio oral y te lo notifican se interrumpe el plazo de prescripción. En estos casos no hay dudas de que son resoluciones relevantes que avanzan en el procedimiento y que se dirigen contra el culpable. Y es clara la doctrina confirmando que interrumpen la prescripción.

Pero cuando te citan y no te presentas al juicio dictan auto de rebeldía y eso ya hay más dudas sobre si no interrumpe la prescripción o sí la interrumpe. Y con los autos de busca y captura pasa lo mismo. A veces no interrumpe la prescripción y otras veces sí.

“RESPONSABILIDAD PENAL. EXTINCIÓN. PRESCRIPCIÓN. El Auto de rebeldía no interrumpe la prescripción puesto que por su propia naturaleza y finalidad no solo no hace avanzar el trámite sino que lo paraliza; ni cabe tampoco atribuir el efecto interruptivo a las oportunas órdenes de busca y captura para la localización del acusado, cuya permanencia se prolonga por tiempo indefinido, en tanto tales instrucciones o llamadas no se traduzcan en diligencias concretas documentadas.”

 El tiempo de prescripción, se interrumpe desde que el procedimiento se dirija contra el culpable, vuelve a correr de nuevo desde que aquél termine sin ser condenado “o se paralice el procedimiento”. La doctrina jurisprudencial, como recuerda la Sentencia de 8 de febrero de 1995 viene sosteniendo que sólo tienen virtud interruptora las resoluciones que ofrecen un contenido sustancial propio de una puesta en marcha y prosecución del procedimiento, en definitiva reveladora de que la investigación avanza, se amplía, es decir, que el procedimiento persevera consumando sus sucesivas etapas. El Auto de rebeldía no interrumpe la prescripción puesto que por su propia naturaleza y finalidad no solo no hace avanzar el trámite sino que lo paraliza (Sentencia de 11 de octubre de 1997); ni cabe tampoco atribuir el efecto interruptivo a las oportunas órdenes de busca y captura para la localización del acusado con expedición de las correspondientes requisitorias, cuya permanencia se prolonga por tiempo indefinido, en tanto tales instrucciones o llamadas no se traduzcan en diligencias concretas documentadas.

Por ello en nuestro caso el plazo prescriptivo es correctamente computado desde el Auto de la prisión provisional, o la última resolución de contenido sustancial, a partir de la cual el procedimiento quedó paralizado . Y esa última resolución puede ser la citación para el juicio oral si se le llegó a notificar.

Es decir;

fecha auto de prisión provisional + 20 años

fecha auto de conclusión de sumario (cita juicio)+ 20 años

El Tribunal Supremo tiene declarado (entre otras en STSS 1146/2006, de 22-11; 644/1997, de 9-5 o 1097/2004, de 7-9), que solo tienen virtud interruptora aquellas resoluciones que ofrezcan un contenido sustancial propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactivación y la parálisis; únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción, sin que el cómputo se interrumpa por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento. Igualmente afirma que la prescripciónopera por la paralización del procedimiento sin tener en cuenta quién ha omitido su impulso.

Dicho esto, surge la inevitable cuestión de qué concretas resoluciones interrumpen la prescripción.

De manera que, no solamente tienen virtualidad interruptora de la prescripción, las actuaciones practicadas con fines de investigación sumarial sino las de ordenación del procedimiento, como la decisión del órgano jurisdiccional de admisión o rechazo de pruebas (véase STS 1097/2004, de 7 de septiembre) y el señalamiento del juicio oral, disponiendo de todo lo necesario para que éste tuviera lugar, aunque luego se variase la fecha y se procediera a un nuevo señalamiento. E incluso del lapso temporal de paralización, debe excluirse el periodo en que la causa espera su turno para el señalamiento del día concreto para la vista pública, cuando por razones de fuerza mayor no es posible celebrar el juicio antes.

Pero no tienen la consideración de resoluciones intrascendentes (S.T.S. 596/1993, de 18 marzo) aquellas encaminadas a la instrucción de la causa tales como la incoación del sumario y recepción de declaración al procesado, así como la aportación de su hoja histórico penal y su posterior procesamiento, actos todos encaminados a la instrucción de la causa y no de mero trámite, cuya fuerza interruptiva no puede desconocerse. Sostiene el Tribunal Supremo que se trata de actividades precisas y necesarias para la imprescindible instrucción previa al juicio propiamente dicho, que todos aparecen regulados en la L E Cr y que no se deja al arbitrio del interesado seleccionar “pro domo sua” las que estime, a su juicio, útiles o pertinentes, sino a los datos objetivos de la propia normativa procesal.

A este respecto, es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que la prescripción de la infracción penal, como causa de extinción de la responsabilidad criminal es una institución del derecho público, cuestión de orden público, apreciable de oficio y de carácter sustantivo o material y no procesal, como lo evidencia el hecho de estar regulada en el Código Penal y no en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que opera por la sola concurrencia de un determinado lapso de tiempo y la inactividad persecutoria traducida en una total inactividad procesal recogiéndolo así, entre otras muchas, las de 30 de noviembre de 1963, 24 de febrero de 1964, 1 de febrero de 1968, 31 de marzo y 11 de junio de 1976, 27 de junio de 1986, 5 de enero, 25 de abril y 28 de junio de 1988 y 13 de junio y 12 de diciembre de 1990 y 20 de noviembre de 1991. Cuando ambos presupuestos concurren, desaparece el derecho mismo del Estado a castigar, se extingue el “ius puniendi”, y no puede Juez ni Tribunal alguno dictar una sentencia condenatoria sin violar gravemente el principio de legalidad, pues la prescripción significa la expresa renuncia, por parte del Estado, del derecho a juzgar, en razón a que el tiempo transcurrido borra de alguna manera los efectos de la infracción, siendo una institución de carácter puramente material o de derecho sustantivo, ajena por tanto a las exigencias procesales de la acción persecutoria. Transcurrido un plazo razonable, fijado por la norma, desde la comisión del delito, la pena ya no es precisa para la pervivencia del orden jurídico, ya no cumple sus finalidades de prevención social. Quiere ello decir que el “ius puniendi” viene condicionado por razones de orden público, de interés general o de política criminal, de la mano de la ya innecesariedad de una pena y de cuanto el principio de mínima intervención representa (ver las SST de 4 de junio y 12 de marzo de 1993), pues resulta altamente contradictorio imponer un castigo cuando los fines humanitarios, reparadores y socializadores, de la más alta significación, son ya incumplibles dado el tiempo transcurrido. De donde se sigue, además, que la prescripción es en materia penal perteneciente al “orden público” y por consiguiente revisable y apreciable de oficio en cualquier momento del procedimiento, incluso en la apelación o en casación, mientras la sentencia no adquiera firmeza, como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1995. Asimismo, la prescripción y la interpretación dada por los Tribunales en el ámbito penal se enmarca dentro del principio “in dubio pro reo” que rige las actuaciones penales y que deja los intereses privados del perjudicado salvaguardados al permanecer abierta la vía correspondiente a una reclamación civil por los perjuicios y daños sufridos (Sentencia del T.C., 157/1990, de 18 de octubre).

La institución de la prescripción constituye una causa legal de extinción de la responsabilidad criminal (artículo 130.6 del Código Penal) por el transcurso del tiempo, bien a partir del momento de comisión del hecho delictivo de que se trate hasta la iniciación del correspondiente procedimiento bien por la paralización de éste, durante el período de tiempo legalmente establecido (que varía en función de las penas con que el Código Penal castiga los correspondientes delitos (artículo 131 del Código Penal) y tiene su fundamento en el efecto destructor del tiempo, en cuanto priva de eficacia a la pena y destruye o hace imposibles las pruebas. Como dice la STC de 18 de octubre de 1990, la determinación del régimen jurídico de la prescripción de las infracciones penales es algo que corresponde hacer al legislador de acuerdo con los criterios de política criminal y de seguridad jurídica que considere idóneos en cada caso concreto, aunque sería cuestionable constitucionalmente un sistema jurídico que consagrara la imprescriptibilidad absoluta de los delitos y faltas. En este sentido, no está de más recordar que el Tribunal Constitucional ha declarado reiteradamente que la prescripción es cuestión de legalidad ordinaria y que su apreciación como causa extintiva de la responsabilidad criminal no infringe por sí misma el derecho a la tutela judicial efectiva de los ofendidos o perjudicados por el hecho punible (sentencias 152/1987, de 7 de octubre, 157/1990, de 18 de octubre, 194/1990, de 29 de noviembre y 301/1994, de 14 de noviembre).

Por otra parte, ha de tenerse en cuenta, además, que sólo tienen virtud interruptora de la prescripción aquellas resoluciones judiciales que ofrezcan un contenido sustancial, propio de una puesta en marcha del procedimiento, reveladoras de que la investigación o el trámite procesal avanza superando la inactividad y la parálisis, de modo que las decisiones o diligencias puramente formales, inocuas o intrascendentes que no afecten al avance del procedimiento, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos interruptivos (entre muchas, STS de 14 de marzo de 2003). Únicamente cuando los actos procesales están dotados de auténtico contenido material puede entenderse interrumpida la prescripción (STS de 8 de febrero 1995), de manera que el cómputo de la prescripción no se interrumpe por la realización de diligencias inocuas o que no afecten al procedimiento, sin que las resoluciones sin contenido sustancial puedan ser tomadas en cuenta a efectos de interrupción. Cuando se habla de resoluciones intranscendentes se hace referencia, por ejemplo, a expedición de testimonios o certificaciones, personaciones, solicitud de pobreza, reposición de actuaciones, incluso órdenes de busca y captura o requisitorias (SST de 10 de marzo de 1993 y 5 de enero de 1988). En conclusión, aquellas decisiones judiciales que no constituyan efectiva prosecución del procedimiento contra los culpables, no producen efecto interruptor alguno.

De manera que, no solamente tienen virtualidad interruptora de la prescripción, las actuaciones practicadas con fines de investigación sumarial sino las de ordenación del procedimiento, como la decisión del órgano jurisdiccional de admisión o rechazo de pruebas (véase STS 1097/2004, de 7 de septiembre) y el señalamiento del juicio oral.

A su vez, sobre las condiciones que debe reunir la interrupción de la prescripción, es cierto que esta Sala ha venido estableciendo una doctrina, favorecedora de la posición del reo, y en este sentido se dice que sólo puede ser interrumpido el término prescriptivo, conforme al art. 132.2 CP, por actos procesales dotados de auténtico contenido material o sustancial, entendiendo por tales los que implican efectiva prosecución del procedimiento, haciendo patente que el proceso avanza y se amplía consumiéndose las distintas fases o etapas. Consecuentemente carecen de virtualidad interruptiva las diligencias banales, inocuas o de mero trámite que no afecten al curso del procedimiento.

Por su parte, tal y como se recoge en el auto 29/12/2005, dictado por la Sección 6a de la Audiencia Provincial de Barcelona, según tiene declarado la doctrina y la jurisprudencia, se dota de capacidad interruptora a todas aquellas decisiones judiciales que ordenan la práctica de cualquier clase de diligencia de investigación, incluyéndose entre las mismas a las siguientes: a) las actuaciones que dan inicio o declaran concluidas las diversas fases de los procedimientos legalmente previstos (por ejemplo, auto de incoación de diligencias previas, auto de procesamiento o conclusión del sumario, el acto de continuación del procedimiento abreviado…); b) los escritos de conclusiones provisionales presentadas tanto por el Ministerio Fiscal como la acusación particular o popular; c) la solicitud de antecedentes penales del imputado mediante la que se determina la posible aplicación de la reincidencia como circunstancia agravante; d) momento en que se ejecutan las diligencias acordadas previamente por el instructor; e) las disposiciones en que se acuerdan medidas cautelares por medio de las cuales se asegura el objeto del procedimiento y, consiguientemente, el éxito en la persecución del hecho delictivo; y f) las impugnaciones presentadas por las partes acusadores durante la instrucción o la fase intermedia, así como la interposición de los recursos de apelación y casación contra la sentencia dictada en primera instancia.

. Así pues, dirigiéndose contra una determinada persona un procedimiento penal que sigue los trámites correspondientes a una infracción constitutiva de delito, el plazo de prescripción aplicable mientras tal tramitación perdure es el correspondiente al delito que se persigue. Todo ello, sin desconocer que cuando se enjuicien faltas junto con delitos dentro del procedimiento previsto para estos últimos, el plazo que ha de entenderse, en orden a la prescripción, es el de los delitos, no el de faltas.

Este criterio, que sigue vigente para cuando se trata de infracciones especialmente vinculadas, como nos sucede a nosotros en que la tramitación de los delitos menos graves se desarrolla en el ámbito de un procedimiento por delito graves ante la imperatividad del enjuiciamiento conjunto, en que no cabe apreciar la prescripción autónoma de alguna de las infracciones enjuiciadas aplicando plazos de prescripción diferenciados por paralización del procedimiento .

En conclusión, aquellas decisiones judiciales que no constituyan efectiva prosecución del procedimiento contra los culpables, no producen efecto interruptor alguno, STS. 30.5.97. La acción prescribe aunque los trámites procesales no estén absolutamente paralizados. En este sentido la STS. 17.5.2000, declara que la prescripción sólo se interrumpe cuando se ha llevado a efecto una efectiva actividad judicial que se plasma en actos concretos que producen actuaciones del órgano judicial encargado de la instrucción o enjuiciamiento (STS. 13.5.93, 22.7.93, 17.11.93 y 11.10.97).

CONCLUSIONES

CON TOTAL GARANTÍA PODEMOS CONCLUIR QUE DEBEN PASAR X AÑOS A CONTAR DESDE EL AUTO DE PRISIÓN PROVISIONAL SIEMPRE QUE NO HAYA HABIDO NOTIFICACIONES SOBRE LA CITACIÓN A JUICIO.

SI HAY CITACIÓN NOTIFICADA A JUICIO SERIA X AÑOS DESDE ESA FECHA SIEMPRE QUE ENTENDAMOS QUE EL AUTO DE REBELDIA Y LAS ORDENES DE BUSCA Y CAPTURA NO INTERRUMPAN LA PRESCRIPCIÓN. (adjunto una sentencia que dice lo contrario pero sobre todo porque hay una extradición)

EN CASO DE UN PROBLEMA CON LA JUSTICIA YO LUCHARIA PORQUE EL PLAZO DE PRESCRICIÓN FUESE DE 10 AÑOS O DE 15 AÑOS A LO SUMO REIVINDICANDO EL TIPO BASICO DE TRAFICO en los supuestos de tráfico de estupefacientes y que solo se aplique el plazo de 20 años al jefe.

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